El diputado provincial Gustavo Pulti denunció la grave vulneración de derechos que enfrentan los jubilados en Argentina, señalando que la canasta básica de un adulto mayor asciende a $1.200.253, mientras que la jubilación mínima, incluso con el bono incluido, apenas alcanza los $349.100.
“Condenan a los jubilados por una decisión política que empieza a tener rango criminal”, afirmó Pulti, subrayando que el costo de vida de los jubilados es 3,77 veces superior a la jubilación mínima. “Violan la Constitución y los pactos internacionales sobre los derechos del sector”, sostuvo.
Presentación ante la CIDH
Ante esta crítica situación, Pulti presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense denunciando la vulneración de derechos de las personas mayores por parte del Gobierno Nacional. Además, impulsa una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue la posible violación de derechos fundamentales de los jubilados en Argentina.
La movilidad jubilatoria y el veto de Milei
El diputado recordó que el proyecto de ley de movilidad jubilatoria establecía que el haber mínimo no debía ser inferior al valor de la canasta básica de un adulto mayor, con actualizaciones semestrales según la inflación y el promedio salarial. “Con el veto de Milei y el fin de la moratoria previsional, se condena a la pobreza a millones de jubilados y se vulneran derechos constitucionales”, advirtió.
Violación de tratados internacionales
El proyecto también denuncia el incumplimiento del Artículo 36 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tratado que garantiza el derecho a la independencia económica, una vivienda digna, acceso a la salud y un ingreso suficiente para asegurar una vida digna.
“El ajuste sobre los jubilados no solo es una política cruel e inhumana, sino que busca instalar el miedo y silenciar cualquier reclamo”, concluyó Pulti. “A la pobreza y la falta de recursos se le suma un operativo de amedrentamiento y represión impulsado por Milei y Bullrich para acallar a quienes se organizan en defensa de sus derechos”.
