Dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Mar del Plata expusieron en conferencia de prensa múltiples irregularidades en la reciente zarpada del buque pesquero Marlene del Carmen, operado por la empresa Luez SRL.
La conferencia tuvo lugar este jueves al mediodía en la sede local del gremio. Allí, el secretario general Oscar Bravo y otros representantes sindicales cuestionaron duramente el accionar de la firma propiedad de Luis Santander, a la que acusaron de vulnerar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y de impedir la participación gremial.
“Convocamos esta conferencia para hablar de los aspectos legales del conflicto”, sostuvo Bravo, al abrir la exposición ante medios locales y referentes del sector marítimo.
Según informaron desde el sindicato, la empresa habría forzado a los tripulantes a firmar un contrato de ajuste sin intervención del gremio, lo cual, aseguran, carece de toda validez legal.
“El empresario, que ni siquiera es de esta ciudad, pretende avasallar el convenio colectivo vigente. Vamos a seguir con el reclamo porque los puestos de trabajo se tienen que preservar”, expresó Damián Basail, dirigente sindical presente en el encuentro.
Menos tripulación de la que exige el convenio
El conflicto escaló el pasado 5 de mayo, cuando el buque Marlene del Carmen zarpó con solo 8 tripulantes, pese a que por su capacidad de bodega (210 m³), le correspondía una dotación mínima de 10 marineros, según lo estipula el artículo 17 del CCT.
“El convenio colectivo es ley de orden público. No puede ser modificado por decisión unilateral de un empresario. Se avasallaron derechos laborales básicos”, advirtió la Dra. Fernanda Sánchez, asesora legal del SOMU.
La abogada confirmó que ya se presentó documentación respaldatoria ante el Juzgado Laboral Nº 2, a cargo del juez Santiago Martín, y que se aguarda una resolución en el marco de un amparo colectivo.
Prefectura Naval y cuestionamientos legales
Uno de los puntos más críticos señalados por el gremio fue el accionar de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a quien acusaron de haber bloqueado el ingreso al muelle de los delegados el día que el barco partió.
“Ese accionar podría configurar un abuso de autoridad, e incluso dar lugar a una investigación por cohecho”, denunció el abogado Martín Bernat.
Además, desde el SOMU señalaron que la zarpada se produjo horas antes de una audiencia prevista en la Secretaría de Trabajo, lo que consideraron una maniobra de mala fe.
Bernat también remarcó que la empresa habría impulsado una causa penal para “silenciar un reclamo laboral legítimo”, y explicó que el gremio rechazó cualquier intento de conciliación:
“Queremos que estas falsas denuncias y coacciones se investiguen a fondo. No existieron y podemos demostrarlo”.
Desmienten hechos vandálicos y exigen respeto al CCT
Finalmente, los referentes del SOMU desmintieron rotundamente estar involucrados en daños a una camioneta de la empresa, vinculada al capitán de armamento, en un hecho ocurrido el pasado 31 de marzo.
“No rompimos ningún auto. Lo que pasó acá fue una salida ilegal y vamos a actuar con todas las herramientas legales y gremiales a nuestro alcance”, afirmaron.
La conferencia concluyó con un mensaje firme por parte del gremio:
“El contrato que se firmó no tuvo participación sindical y no tiene validez. El convenio colectivo no es un techo, es un piso mínimo. Todo lo que esté por debajo, es ilegal”, sentenció la Dra. Sánchez.
