Un avión de la empresa Omni Air International aterrizará en la madrugada de este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con los primeros 10 argentinos deportados desde los Estados Unidos bajo la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Se trata de un Boeing 767-300, con capacidad para 247 pasajeros, que cubrirá la ruta tras hacer escalas en Bogotá (Colombia) y en el aeropuerto internacional de Confins, en Belo Horizonte (Brasil). Según los portales especializados en aviación, el arribo a suelo argentino está previsto para los primeros minutos del jueves, aunque el cronograma podría sufrir modificaciones.
Quiénes son los deportados
De acuerdo a información diplomática, los argentinos que regresarán forzosamente al país son:
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Daniel Rodrigo Céspedes (Robo)
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Maximiliano García (sin antecedentes)
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Luciana Lorena Lopresti (Agresión)
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Sandra Márquez (sin antecedentes)
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Ernesto Núñez (sin antecedentes)
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Marcos Ontivero (Procurar prostitución)
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Pablo Ridolfo (Delitos contra el orden público)
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Mario Robles (sin antecedentes)
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Julián Francisco Rojas (sin antecedentes)
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Rodolfo Valor (Tráfico)
Aunque cinco de ellos no registran antecedentes penales, fueron expulsados por decisión unilateral de Estados Unidos, en el marco de una política que no se limita únicamente a la comisión de delitos.
Contexto regional
La Argentina no registra la misma magnitud de casos que otros países de la región. Brasil, por ejemplo, recibió más de 1900 ciudadanos deportados en lo que va del año, a través de 21 vuelos de repatriación que llegaron a Belo Horizonte o Fortaleza, según datos recopilados por el investigador Ricardo Morgan.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sostiene que estos vuelos buscan repatriar a personas que ingresaron de manera ilegal, que no contaban con autorización de residencia o que fueron consideradas una amenaza para la seguridad.
En paralelo, la política migratoria norteamericana sigue en tensión. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, vigente desde 2021, se dará por finalizado el 7 de noviembre. Esto afectará a más de 260.000 venezolanos, que deberán abandonar el país si no logran regularizar su situación por otra vía legal.
