Durante una entrevista en el programa Sueños y Sonidos, por Radio 10 Mar del Plata, el abogado y referente radical dentro de Unión por la Patria, Edgardo Díaz, cuestionó con dureza la gestión municipal en materia de limpieza urbana y advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en los jubilados y en los barrios más vulnerables de la ciudad.
Díaz relató una recorrida reciente por el barrio Jorge Newbery, donde vecinos conviven con seis cuadras de basurales a cielo abierto sobre la avenida Alvarado. Señaló que la situación no es aislada y se repite en distintos puntos del micro y macrocentro marplatense, con la proliferación de microbasurales en casi todas las cuadras.
En ese contexto, explicó que el reclamo fue canalizado junto a la concejal Valeria Crespo, quien impulsa presentaciones ante el Municipio para exigir no solo la remoción de los residuos, sino también mejoras estructurales como iluminación, arreglo de calles y campañas de educación ambiental.
El dirigente fue crítico con la actitud de funcionarios que, según dijo, “hacen videos juntando basura”, y sostuvo que el rol del Estado municipal es controlar y sancionar a la empresa 9 de Julio, concesionaria del servicio de limpieza. Afirmó que la falta de controles está vinculada a la prórroga permanente de la licitación, lo que derivó en menos camiones recolectores y un servicio deficiente.
“Se vacían áreas clave para luego justificar la privatización”, afirmó Díaz, y puso como ejemplo el Departamento de Inspección de Tránsito, que pasó de ser uno de los principales entes recaudadores a una dependencia sin recursos, personal ni equipamiento.
En otro tramo de la entrevista, el abogado advirtió sobre el fuerte impacto del ajuste nacional en Mar del Plata, a la que definió como uno de los principales polos gerontológicos del mundo, con cerca del 23% de su población mayor de 65 años. Remarcó que la quita de medicamentos gratuitos y la pérdida del poder adquisitivo golpean de lleno a jubilados y pensionados.
Díaz también alertó sobre un posible avance del Gobierno nacional sobre las cajas previsionales provinciales, a través de un proceso de “armonización” que calificó como “una igualación hacia abajo”. Sostuvo que el presupuesto nacional profundiza el desfinanciamiento de estas cajas, lo que podría derivar en atrasos en el pago de haberes y abrir la puerta a una futura privatización del sistema, similar a lo ocurrido con las AFJP en los años noventa.
Finalmente, cuestionó la precarización laboral en el ámbito municipal, con trabajadores y profesionales contratados como monotributistas, lo que afecta tanto sus derechos laborales como el financiamiento del Instituto de Previsión Social bonaerense.
