En medio del avance del Gobierno nacional para concesionar la Unidad Turística de Chapadmalal, unas 30 familias recibieron una intimación oficial para abandonar las viviendas que ocupan dentro del predio en un plazo de diez días.
La notificación fue enviada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y alcanza a trabajadores que residen allí desde hace años como parte de sus condiciones laborales. En varios casos, se trata de familias con hijos y una permanencia que supera las dos décadas.
Desde el gremio estatal ATE, la delegada Florencia Marco Ruiz explicó que esas casas forman parte del vínculo laboral y no de un beneficio excepcional. Según señaló, ya iniciaron acciones legales y presentaron una medida cautelar para intentar frenar el desalojo.
La situación se da en paralelo al proceso de concesión impulsado por el Ejecutivo sobre el histórico complejo ubicado en Chapadmalal. La intención oficial es abrir el predio a capitales privados para su recuperación y explotación turística.
En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó días atrás que el Gobierno avanza con ese esquema. Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, había anticipado que la llegada de inversión privada podría reactivar el lugar tras su cierre.
El conflicto tiene como antecedente una decisión adoptada en 2024, cuando el Gobierno nacional consideró que el complejo de turismo social ya no resultaba prioritario y transfirió su administración a la AABE. Desde entonces, tanto Chapadmalal como la unidad de Embalse permanecen sin actividad, en medio de un proceso que abre interrogantes sobre su futuro y el impacto en quienes viven y trabajan allí.
