Encerrado en su propio artefacto discursivo, el gobierno de Javier Milei confunde propaganda con realidad y recitales con gestión. Mientras sus funcionarios ensayan covers en el Movistar Arena —una inversión cercana a los 200 mil dólares en plena recesión— el oficialismo enfrenta el episodio más corrosivo desde su llegada al poder: el derrumbe público de su principal espada punitivista, José Luis Espert.
El hombre que prometía “cárcel o bala” terminó abriendo la puerta de su casa ante un allanamiento judicial. Lo que en otros tiempos habría sido capitalizado como épica antisistema hoy es leído como autoincriminación. No renunció por decisión estratégica, sino por defecto de respaldo. Primero abandonó su rol de candidato bonaerense, luego la Comisión de Presupuesto, después pidió licencia como diputado nacional. La secuencia fue inversamente proporcional a su soberbia televisiva de la semana anterior.
Lo más inquietante para el oficialismo no fue la denuncia, sino la admisión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que el gobierno ya manejaba información provista por Estados Unidos antes de que el escándalo estallara. Pese a ello, mantuvieron a Espert encabezando la lista. El mensaje fue claro: el delito importa menos que la conveniencia.
La Justicia finalmente detuvo la maniobra. El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el intento de reemplazarlo por Diego Santilli. La Junta Electoral, con el aval de todos los partidos, confirmó que el 26 de octubre las boletas seguirán mostrando el rostro de Espert. La peor condena para un candidato no es la cárcel, sino el ridículo impreso.
El deterioro político se explica mejor por las encuestas que por la moral. Los sondeos que llegaron a Casa Rosada esta semana mostraron una sangría irreversible en la provincia de Buenos Aires. Según un informe interno, La Libertad Avanza perdería por 20 puntos. Las mediciones más benévolas —como la de Management & Fit— apenas reducen la distancia a 6 puntos. Ninguna mide el efecto Espert.
A nivel nacional, la consultora Zuban Córdoba registró el nivel más bajo de aceptación presidencial: 35,3% de aprobación contra 64,7% de rechazo. A un año de mandato, el “milagro” que Milei presentó como libro y coreografía terminó siendo un paper de exportación. Washington lo bendice con swaps, dólares prestados y declaraciones amistosas, mientras el Fondo Monetario exhibe el ajuste argentino como “modelo a seguir”. Pero incluso la ortodoxia impone condiciones: “sin consenso político real”, advirtió Kristalina Georgieva, no hay continuidad.
El gobierno puede comprar discurso externo, pero no poder adquisitivo interno. Antes del cambio de mando, con inflación récord, un salario mínimo alcanzaba para 1.000 litros de leche. Hoy cubre apenas 150. La estabilidad de los precios no trajo estabilidad de la vida.
La Cámara de Diputados dio una señal contradictoria: aprobó la limitación del uso de DNU, pero el oficialismo consiguió que el capítulo clave cayera por un voto. La ayuda provino de dos gobernadores opositores: Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). No por convicción, sino por alquiler temporal.
La Justicia también marcó territorio. El fiscal Eduardo Taiano reactivó la causa $LIBRA y ordenó investigar las comunicaciones del presidente y su hermana Karina. El blindaje judicial empieza a erosionarse por donde menos lo esperaban: no desde los adversarios, sino desde el sistema que decían combatir.
Milei conserva un solo respaldo incondicional: el de Estados Unidos. Es el último sostén de un gobierno que prometió soberanía económica a cambio de disciplinamiento social. La ironía es transparente: quienes exigían “cárcel o bala” hoy ruegan por inmunidad diplomática.
