La concejal de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, María Eva Ayala, presentó un proyecto de comunicación para advertir sobre el riesgo que implica, para la seguridad vial y el uso adecuado del espacio público, la instalación de una estructura vinculada a un negocio privado emplazada en una rotonda de alta circulación de la ciudad de Mar del Plata. “Viola la Ley Nacional de Tránsito”, afirmó Ayala.
La iniciativa pone el foco en la estructura ubicada en la rotonda formada por la intersección de la Diagonal Juan Bautista Alberdi y la Avenida Patricio Peralta Ramos, frente a los hoteles Guerrero e Iruña, señalando que se trata de un emplazamiento incompatible con los criterios técnicos y normativos que rigen la seguridad vial.
“El problema no es solo la presencia de un negocio en un espacio vial crítico, sino la comparación inevitable con lo que ocurre a pocos metros: señaléticas urbanas destruidas, abandonadas, que cumplían una función esencial para la ciudad”, señaló Ayala.
En ese sentido, la concejal recordó que la señalética urbana permitía orientar tanto a marplatenses como a turistas, identificar centros de salud, comisarías, cuarteles de bomberos y espacios de interés cultural y recreativo. “Ese era un servicio público. Hoy está abandonado. En cambio, lo que sí se instala y se cuida es un negocio privado”, remarcó.
El proyecto subraya que la seguridad vial constituye un interés público primario, cuyo resguardo es indelegable para el Estado municipal. En esa línea, se citan los principios establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que fijan como prioridad absoluta la prevención de siniestros y la eliminación de todo factor que incremente el riesgo en la circulación vehicular y peatonal.
“Las rotondas son espacios viales especialmente sensibles: concentran maniobras simultáneas, flujos vehiculares intensos y circulación peatonal y ciclista. Cualquier elemento que distraiga o altere la atención de quienes circulan pone en riesgo la seguridad”, destacó Ayala.
La concejal sostuvo además que el Concejo Deliberante tiene competencias claras para preservar la seguridad pública, regular el uso del espacio público y exigir al Departamento Ejecutivo el cumplimiento efectivo de sus deberes de control y fiscalización.
“Es muy simple: una cosa es un negocio privado y otra muy distinta es un servicio público. Las decisiones del gobierno municipal deberían estar orientadas a lo que le sirve a la gente, no a lo que genera lucro para unos pocos”, concluyó Ayala.
Finalmente, la concejal reclamó conocer qué área o funcionario del gobierno municipal autorizó esta instalación, si se evaluaron los riesgos que implica y qué medidas se prevén para rectificar una decisión que, según afirmó, “expresa con claridad una lógica: habilitar negocios privados en espacios críticos mientras se abandona por completo el servicio público”.
