La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un desvío multimillonario de fondos públicos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y advirtió que no descarta un accionar delictivo. Según el sindicato, $3.863 millones destinados al pago de salarios de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), en la provincia de Neuquén, desaparecieron y su paradero es desconocido. Ante este escenario, el gremio confirmó medidas de fuerza y cortes de rutas.
“Estamos frente a un desvío multimillonario de recursos, una irregularidad gravísima. No habría que descartar que se hayan robado la plata de los salarios de los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien apuntó directamente contra el nuevo presidente de la CNEA, Martín Porro.
Desde el sindicato explicaron que los fondos tenían un destino específico e inalterable y que su utilización para otros fines constituiría una malversación de recursos públicos. “Los fondos que desaparecieron tenían una finalidad concreta y no podían ser desviados bajo ningún concepto”, subrayó Aguiar.
El dirigente gremial remarcó además el impacto social y operativo de la maniobra denunciada. “No solo los trabajadores y sus familias pasaron las fiestas sin cobrar y siguen sin percibir sus salarios, sino que también se pone en riesgo la compra de insumos y la posibilidad de garantizar la continuidad energética”, advirtió.
En un tono aún más duro, Aguiar sostuvo: “La situación no da para más. Evidentemente estos no son funcionarios, son delincuentes. Queremos saber qué hicieron con la plata y a dónde fue a parar. En las próximas horas vamos a cortar las rutas hasta que los trabajadores cobren la totalidad de sus ingresos. Esto tiene que ser investigado porque la plata estaba y se esfumó”.
ATE confirmó que las medidas de fuerza se llevarán adelante sobre el puente Arroyito de la Ruta Nacional 22, un punto estratégico de la provincia de Neuquén, y se mantendrán hasta que las autoridades den explicaciones claras sobre el destino del dinero.
Según pudo reconstruir el gremio, en diciembre de 2025 se aprobó una ampliación presupuestaria por $3.863.026.100, que ingresó a la CNEA con destino a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la PIAP. El objetivo principal era abonar los salarios de diciembre, que debían liquidarse el primer día hábil de enero, además de cubrir gastos de mantenimiento y conservación de la planta.
Sin embargo, siempre de acuerdo a la denuncia sindical, por decisión del nuevo presidente del organismo, Martín Porro, los fondos nunca fueron transferidos a la empresa y, hasta el momento, no existe información oficial sobre su destino final.
