Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 9, cuestionó la Ordenanza 21.181 que regula el uso de contenedores marítimos como sistema constructivo y pidió que sea vetada. Advirtió por la falta de controles sobre el origen de los módulos, posibles contaminantes, inconsistencias con las normas de construcción y la responsabilidad que recaería sobre los profesionales. También planteó una fuerte crítica a la falta de planificación urbana de Mar del Plata y alertó sobre el riesgo de inundaciones ante un escenario climático adverso.
El debate por el uso de contenedores marítimos como viviendas, comercios y espacios destinados a otros usos abrió una fuerte discusión en Mar del Plata. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, junto con el Colegio de Técnicos, solicitó al intendente el veto de la Ordenanza 21.181, aprobada por el Concejo Deliberante.
En diálogo con Sueños y Sonidos, por Radio 10 Mar del Plata, el arquitecto y presidente del Colegio, Diego Domingorena, explicó los motivos del planteo y sostuvo que la institución no se opone a la incorporación de nuevos sistemas constructivos, sino que reclama que existan controles técnicos y sanitarios adecuados antes de habilitar su utilización.
“Celebramos que el municipio tenga la iniciativa de regularizar esto, porque es un sistema constructivo que se usa en forma informal”, señaló. Sin embargo, advirtió que el texto aprobado contiene “un montón de vacíos” e incongruencias que, a criterio del Colegio, incluso podrían volverlo inaplicable para el área municipal encargada de controlar las obras.
La trazabilidad de los contenedores, el principal punto de preocupación
Uno de los cuestionamientos centrales está relacionado con el pasado de los contenedores marítimos antes de ser transformados en espacios habitables.
Domingorena explicó que la ordenanza no contempla la trazabilidad del artefacto, es decir, la posibilidad de conocer su historia y determinar qué transportó durante su vida útil.
“Muchos de estos elementos transportan en su vida útil agrotóxicos, químicos, productos que son nocivos para la salud del ser humano”, afirmó.
Según explicó, además, los contenedores son sometidos con frecuencia a procesos de fumigación debido al tránsito internacional de mercaderías y al paso entre fronteras. Por ese motivo, consideró indispensable establecer mecanismos que permitan determinar si un módulo utilizado posteriormente como vivienda presenta algún nivel de contaminación.
Para el arquitecto, antes de habilitar un contenedor para ser habitado debería existir una evaluación que determine su eventual grado de contaminación, si el problema puede ser revertido y, en caso afirmativo, realizar el tratamiento correspondiente antes de autorizar su utilización.
La preocupación, según planteó, no se limita a una cuestión formal o administrativa: involucra directamente la salubridad de quienes habiten esos espacios y eventualmente de su entorno.
Medidas, aislaciones y contradicciones con las normas vigentes
Otro de los puntos cuestionados por el Colegio tiene que ver con las condiciones de habitabilidad.
Domingorena explicó que la ordenanza contempla cuestiones vinculadas con las aislaciones térmicas y acústicas y el confort, pero establece determinadas medidas mínimas que deben contraponerse con las características físicas propias de un contenedor.
“Obviamente el contenedor no puede superar” determinadas dimensiones porque ya viene fabricado de esa manera, explicó.
El problema aparece cuando esas condiciones deben compatibilizarse con el Reglamento General de Construcciones, que establece los parámetros que deben cumplir los profesionales para proyectar y ejecutar una vivienda o un espacio habitable.
A esto se suma, según señaló, otro aspecto que consideran problemático: la ordenanza establece que estos artefactos son bienes inmuebles, una definición que, de acuerdo con la interpretación planteada por Domingorena, entra en contradicción con el Código Civil.
“El profesional queda en el medio”
Para el titular del Colegio de Arquitectura, una de las principales dificultades aparece al momento de determinar quién asume la responsabilidad por la seguridad de una construcción realizada a partir de un contenedor.
La normativa establece que un profesional debe firmar un informe certificando que el espacio se encuentra en condiciones de ser habitado.
“Los profesionales pasamos a tener esa responsabilidad”, sostuvo Domingorena.
Pero, al mismo tiempo, el profesional no necesariamente dispone de información suficiente sobre la historia del contenedor, los productos que transportó, eventuales procesos de fumigación, su nivel de contaminación o el deterioro estructural que puede presentar.
A esto se agrega una particularidad: los contenedores están diseñados para soportar grandes exigencias, pueden ser apilados y trasladados constantemente y están expuestos a condiciones climáticas severas, incluido el ambiente marino.
“Son artefactos que se apilan hasta en cuatro pisos, andan siempre por el clima marino”, explicó el arquitecto, quien planteó dudas sobre cómo debería evaluarse técnicamente cada unidad antes de convertirla en un espacio habitable.
No están en contra de los contenedores
Domingorena buscó dejar en claro que el planteo del Colegio no implica rechazar los sistemas constructivos industrializados.
Por el contrario, destacó que existen numerosas alternativas que podrían ser incorporadas a una regulación municipal, entre ellas las viviendas modulares y otros sistemas que se fabrican en establecimientos industriales y posteriormente se trasladan e instalan en los terrenos.
El objetivo, según explicó, es que la innovación no implique resignar estándares básicos de seguridad y habitabilidad.
La discusión cobra especial relevancia en un contexto de déficit habitacional, altos costos de construcción y escaso acceso al crédito hipotecario, factores que llevan a muchas familias a buscar alternativas más económicas.
“Hay mucha gente que aborda este sistema constructivo porque es una cuestión económica también”, señaló.
Por eso, sostuvo que una herramienta que pueda facilitar el acceso a la vivienda debe ser impulsada, pero con los controles necesarios.
El problema que excede a Mar del Plata: la falta de certificación técnica
Durante la entrevista, Domingorena introdujo además una dificultad que, según explicó, supera las competencias municipales.
Recordó que históricamente los sistemas constructivos que no eran considerados tradicionales podían ser evaluados mediante el Certificado de Aptitud Técnica (CAT), emitido por la Secretaría de Vivienda de la Nación.
Según señaló, tras la disolución de ese organismo, actualmente existe una dificultad para determinar quién certifica la aptitud técnica de los nuevos sistemas constructivos.
“Hoy en día no hay nadie que certifique la aptitud técnica de los nuevos sistemas”, afirmó.
Para el Colegio, esta situación agrega complejidad a la discusión sobre la regulación de los contenedores y otros sistemas industrializados.
Una crítica al costo de construir y la falta de crédito
Domingorena también puso el foco en una problemática que excede específicamente a los contenedores: las dificultades que atraviesan la industria de la construcción y las familias que necesitan acceder a una vivienda.
Según describió, el costo de construcción se encuentra en niveles elevados en relación con los valores históricos medidos en dólares, mientras que el crédito hipotecario continúa siendo inaccesible para buena parte de la población.
“La construcción es una cuestión suntuosa”, sostuvo al describir el escenario actual.
A su entender, la falta de crédito para construir o comprar una vivienda, sumada al elevado costo de los materiales y de la obra, genera un escenario complejo tanto para los profesionales como para las familias que necesitan resolver su acceso al hábitat.
También cuestionó la falta de controles sobre las construcciones clandestinas y sostuvo que en distintos municipios se ha reducido el control de las obras fuera de norma.
En ese sentido, mencionó particularmente a Mar del Plata, donde, según afirmó, “circulan obras clandestinas por todos lados y no hay control”.
“Mar del Plata carece de una planificación en el tiempo”
La entrevista derivó luego hacia uno de los principales reclamos históricos del Colegio: la planificación urbana.
Domingorena sostuvo que Mar del Plata arrastra desde hace años una falta de planificación sostenida y que esa situación termina expresándose en distintos problemas que atraviesan a la ciudad.
Mencionó las excepciones a las normas urbanísticas, la preservación del patrimonio y las dificultades vinculadas con el acceso a los espacios públicos.
“Las excepciones pasan a ser directamente una norma”, afirmó.
Para el arquitecto, la consecuencia es un crecimiento urbano que termina desarrollándose de manera espontánea, tanto a partir de determinados emprendimientos que reciben autorizaciones excepcionales como por la expansión de sectores populares que, ante la falta de acceso al suelo y a la vivienda, terminan ocupando terrenos de manera informal.
El resultado, según su análisis, es una ciudad que crece sin una estrategia integral de largo plazo.
El Estado como “moderador” del crecimiento
Domingorena rechazó la idea de que planificar una ciudad implique que un grupo de especialistas decida unilateralmente cómo debe crecer.
Por el contrario, sostuvo que la planificación debe construirse a partir de la participación de los distintos sectores de la comunidad.
“La planificación tiene que ver con la horizontalidad, con la convocatoria de todos los actores de la ciudad a generar acuerdos”, explicó.
Y planteó una cuestión central del urbanismo: cualquier modificación del tejido urbano genera ganadores y perdedores.
“Siempre que uno hace una modificación en el tejido urbano, cuando uno planifica, está beneficiando a alguien y perjudicando a alguien en la mayoría de los casos”, señaló.
Por eso, consideró que el Estado debe asumir un papel de regulador y moderador, evitando que los beneficios para determinados sectores se produzcan a costa del perjuicio de otros.
En ese punto, cuestionó al gobierno municipal y sostuvo que, a su entender, falta asumir con mayor fuerza ese rol de regulación.
La advertencia por el riesgo hídrico
Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con el cambio climático y el riesgo de inundaciones.
Domingorena señaló que el Colegio realizó recientemente un encuentro dedicado a analizar el cambio climático y el riesgo hídrico y advirtió sobre un escenario que considera preocupante para los próximos meses.
En particular, hizo referencia a las previsiones meteorológicas vinculadas con un posible fenómeno de El Niño y sostuvo que Mar del Plata enfrenta un riesgo importante debido a la falta de infraestructura y a determinadas decisiones sobre el uso del suelo.
El arquitecto puso como ejemplo la zona sur de la ciudad y cuestionó la localización de barrios privados sobre sectores que considera parte de humedales vinculados con el arroyo Corrientes.
Según explicó, la ocupación de esas áreas reduce superficies naturales de absorción y puede favorecer la acumulación de agua ante episodios de lluvias intensas.
“Estamos en un serio riesgo de que haya inundaciones importantes en los próximos meses”, advirtió.
La preocupación no se limita, según su planteo, a construir infraestructura para evacuar el agua una vez que se produce una tormenta. También implica discutir dónde se construye, cómo se transforma el territorio y qué superficies naturales deben preservarse.
Arquitectura y urbanismo como herramientas para mejorar la vida cotidiana
Para Domingorena, el trabajo de los arquitectos no debe entenderse solamente como una actividad vinculada con el diseño de viviendas o edificios.
“Nosotros somos una inversión, no somos un gasto”, afirmó.
En su visión, la intervención profesional puede modificar de manera positiva el hábitat y mejorar las condiciones de vida.
Así como una vivienda puede ser proyectada para alcanzar determinadas condiciones de confort, eficiencia y sostenibilidad, sostuvo que una ciudad también debe ser concebida bajo esos mismos principios, pero a una escala mucho mayor.
Para eso, consideró indispensable que las decisiones sean acordadas entre los distintos actores que forman parte de la comunidad.
El pedido de veto y una puerta abierta al diálogo
El pedido de veto a la Ordenanza 21.181 fue presentado el lunes por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo junto con el Colegio de Técnicos.
Al momento de la entrevista, Domingorena indicó que todavía no habían recibido una respuesta del Ejecutivo municipal y que la ordenanza aún no habría sido promulgada.
El dirigente aclaró que la presentación no se limita a cuestionar la normativa, sino que contiene un desarrollo técnico con propuestas que podrían ser utilizadas para mejorar el texto aprobado.
“Podrían servir para una nueva ordenanza que alimente esta que se aprobó para nosotros en forma deficiente”, sostuvo.
En caso de que la norma avance, Domingorena descartó que el Colegio tenga como primera alternativa recurrir a la Justicia. Explicó que la institución busca priorizar el diálogo institucional y realizar aportes técnicos antes que judicializar el conflicto.
La posición del Colegio, afirmó, es mantenerse a disposición del Concejo Deliberante y del Ejecutivo para trabajar sobre una regulación que permita aprovechar las ventajas de los nuevos sistemas constructivos sin dejar de lado los controles necesarios.
“Habitar el Borde”, una mirada sobre la expansión de la ciudad
Durante la entrevista, Domingorena también anunció una actividad organizada por el Colegio que buscará profundizar precisamente sobre las transformaciones urbanas de Mar del Plata.
El encuentro “Habitar el Borde” se realizará el viernes 18 de septiembre, a las 17, en el auditorio del Museo MAR, con entrada libre y gratuita.
La jornada abordará el crecimiento de la ciudad, con análisis sobre los barrios privados y los asentamientos espontáneos en el oeste marplatense.
También se presentará un proyecto de barrio con lotes con servicios, una modalidad que desde el Colegio consideran que debería ser parte de las políticas municipales destinadas a facilitar el acceso al suelo y ordenar la expansión urbana.
El cierre estará a cargo del arquitecto y urbanista Eduardo Reese, quien realizará una exposición sobre las dificultades que atraviesan las ciudades intermedias de la Argentina.
El debate que plantea Domingorena excede así la discusión puntual sobre los contenedores marítimos. En el fondo, pone sobre la mesa una pregunta mucho más amplia: qué modelo de ciudad quiere Mar del Plata y cómo pretende crecer en los próximos años.
Para el Colegio de Arquitectura, regular los nuevos sistemas constructivos, garantizar condiciones de habitabilidad, proteger el patrimonio, preservar los espacios naturales y planificar el crecimiento urbano forman parte de una misma discusión: cómo construir una ciudad que pueda crecer sin poner en riesgo la calidad de vida de quienes ya viven en ella y de las generaciones que vienen.
