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A 37 años de la Reforma del Estado, Ex Empleados de Segba vuelven a reclamar por el Programa de Propiedad Participada

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A 37 años de la sanción de la Ley 23.696, el espacio Ex Empleados de Segba volvió a cuestionar las consecuencias del proceso de privatizaciones iniciado durante el gobierno de Carlos Menem y reclamó una reparación para los trabajadores que quedaron excluidos del Programa de Propiedad Participada. También trazó un paralelismo con las políticas impulsadas actualmente por el gobierno de Javier Milei.

Este 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, también se cumplen 37 años de la sanción de la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado.

La norma, aprobada en 1989 durante el gobierno de Carlos Menem, estableció el marco legal que permitió avanzar con el proceso de privatización de numerosas empresas públicas.

En este aniversario, Ex Empleados de Segba difundió un documento en el que cuestiona el impacto que tuvo aquella política sobre el patrimonio nacional y sobre miles de trabajadores que atravesaron el proceso de privatización de las empresas estatales.

El planteo apunta especialmente al Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado en la propia Ley 23.696, y a la situación de quienes, según sostienen, quedaron excluidos de los beneficios previstos por ese mecanismo.

El documento también cuestiona las consecuencias que atribuye al proceso iniciado en los años 90: concentración y extranjerización de sectores estratégicos, fuga de capitales, precarización laboral, desempleo, deterioro previsional y aumento de la vulnerabilidad social.

La comparación con la Ley Bases

El documento difundido por Ex Empleados de Segba también establece una relación directa entre aquella Reforma del Estado y la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Durante el debate parlamentario de 2024, Rodolfo Barra, quien había participado en la elaboración de la Reforma del Estado durante el menemismo, defendió las facultades delegadas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

En aquella discusión, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del ex presidente Carlos Menem, afirmó que la Ley Bases era “cinco veces la Reforma del Estado de Menem”.

Para Ex Empleados de Segba, aquellas declaraciones adquirieron especial relevancia porque, según plantean, confirmaban la posibilidad de una profundización del modelo de transformación y privatización del Estado.

La primera versión de la Ley Bases no consiguió ser aprobada por el Congreso. Finalmente, luego de modificaciones y negociaciones parlamentarias, una nueva versión logró convertirse en ley.

El reclamo por el Programa de Propiedad Participada

Uno de los principales puntos del documento es el reclamo por el cumplimiento del Programa de Propiedad Participada.

La Ley 23.696 estableció este mecanismo como parte del proceso de privatización, con el objetivo de otorgar participación accionaria a los trabajadores de las empresas que fueran transferidas al sector privado.

A 37 años de aquella legislación, Ex Empleados de Segba sostiene que todavía existe una deuda con quienes quedaron fuera de ese programa.

El espacio también cuestiona que el Estado vuelva a recurrir al marco de la Ley 23.696 para avanzar con procesos de privatización mientras, según su planteo, continúa sin resolverse la situación de los trabajadores afectados por las privatizaciones de los años 90.

“Mientras sigamos con vida, no dejaremos de denunciar”

En su documento, Ex Empleados de Segba sostiene que el Congreso debería haber avanzado durante estas décadas en una revisión de las consecuencias de las privatizaciones y en una reparación para los trabajadores afectados.

También cuestiona el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y advierte sobre el rol que actualmente tiene ese ámbito parlamentario frente a los nuevos procesos de transformación y eventual venta de empresas públicas.

“37 años después el actual gobierno retoma la Ley 23.696 para profundizar el desguace del Estado nacional y privatizar las empresas públicas. Nunca para cumplir con los trabajadores”, señala el documento.

El reclamo concluye con una definición política contundente: “Mientras sigamos con vida, no dejaremos de denunciar esta política de entrega y desamparo. Como tampoco dejaremos de reclamar lo que nos corresponde”.

 

 

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