La muerte de un jubilado no solo implica un golpe emocional para su entorno cercano, sino también un fuerte impacto económico en el hogar. Frente a este escenario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla la llamada pensión derivada, una prestación mensual destinada a garantizar la continuidad de ingresos para los familiares directos del titular fallecido.
Este beneficio permite que el derecho previsional construido a lo largo de los años no se pierda y pueda ser percibido por quienes dependían económicamente del jubilado.
Quiénes tienen derecho a la pensión
El acceso a la pensión está determinado por el vínculo con la persona fallecida y ciertas condiciones específicas.
En primer lugar, el cónyuge puede solicitar el beneficio presentando una partida de matrimonio actualizada. Este requisito es fundamental, ya que ANSES necesita constatar que el vínculo seguía vigente al momento del fallecimiento y que no existía divorcio o separación legal.
También pueden acceder los convivientes previsionales. En este caso, deben acreditar una convivencia pública y estable durante al menos cinco años previos al fallecimiento. Si la pareja tuvo hijos en común, ese plazo se reduce a dos años. Para comprobar la relación, el organismo puede solicitar documentación como constancias de domicilio compartido, cuentas bancarias conjuntas o declaraciones juradas.
Por su parte, los hijos del jubilado también pueden ser beneficiarios. El derecho alcanza a los hijos solteros hasta los 18 años que no perciban otra prestación. Sin embargo, no hay límite de edad en casos de hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular.
Cómo iniciar el trámite
El proceso puede comenzar una vez transcurridos diez días hábiles desde el fallecimiento, tiempo necesario para que se actualicen los registros oficiales entre el Registro Civil y ANSES.
Si la muerte ocurrió dentro de los últimos seis meses, el trámite puede realizarse de forma online a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Esta modalidad es más ágil y evita traslados, siempre que los datos familiares estén correctamente registrados en el sistema.
En cambio, si ya pasaron más de seis meses o se trata de situaciones particulares, como hijos con discapacidad, la gestión debe hacerse de manera presencial. Para ello, es obligatorio solicitar un turno previo y presentarse con DNI y la documentación que acredite el vínculo, como partidas de matrimonio o nacimiento.
Qué formularios se necesitan
Para completar la solicitud, ANSES exige la presentación de una serie de formularios.
El principal es el PS 6.9, una declaración jurada en la que el solicitante informa si percibe otras prestaciones. También puede requerirse el PS 6.1, en caso de que el trámite lo realice un apoderado, y el PS 6.284 si existen beneficios previsionales en el exterior.
Además, durante la atención presencial se completa el formulario de solicitud de prestación previsional, donde se registran los datos personales del beneficiario.
Cómo se calcula el monto
El valor de la pensión se determina en función de un porcentaje del haber que percibía el jubilado.
Si el único beneficiario es el cónyuge o conviviente, le corresponde el 70% del ingreso del titular. Tomando como referencia el haber mínimo de abril de 2026, que ronda los 380 mil pesos, la pensión se ubicaría en torno a los 266 mil pesos.
Cuando existen hijos con derecho, el esquema cambia. El cónyuge recibe el 50% del haber, mientras que cada hijo percibe un 20%. La suma total nunca puede superar el 100% del ingreso original del jubilado.
Un aspecto importante es el llamado “acrecimiento”. Esto significa que cuando un hijo deja de cobrar su parte, por ejemplo al alcanzar la mayoría de edad, ese porcentaje se redistribuye y aumenta el monto que recibe el cónyuge.
Un beneficio adicional
Además de la pensión mensual, los familiares pueden acceder al Subsidio de Contención Familiar, una ayuda económica destinada a cubrir los gastos de sepelio. Este beneficio debe solicitarse dentro del primer año desde el fallecimiento.
