La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno nacional que garantice la continuidad operativa de FATE, al advertir que su paralización implica un riesgo grave para el transporte de pasajeros en todo el país.
El reclamo se da a un mes de un conflicto sin resolución por el cierre de la fábrica, en un contexto que el sindicato calificó como crítico para la seguridad vial. Según señalaron, se trata de la única empresa nacional que produce cubiertas radiales para colectivos y camiones, un insumo clave para el funcionamiento del sistema de transporte argentino.
Desde ATE advirtieron que, sin producción local, las empresas deberán recurrir a neumáticos importados que, según sostienen, no siempre cuentan con los controles técnicos, de calidad y de seguridad adecuados. Esta situación, sumada al deterioro de rutas y autopistas y a la reducción de controles, podría derivar en “una tragedia sin precedentes en las rutas argentinas”.
En ese sentido, el gremio también expresó su preocupación por el futuro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Denunciaron que el Ejecutivo analiza transferir sus funciones a la Gendarmería Nacional, lo que —según indicaron— implicaría una pérdida de capacidad técnica en las tareas de control.
Actualmente, la CNRT cuenta con más de mil trabajadores distribuidos en todo el país y cumple funciones clave en la fiscalización del transporte automotor y ferroviario. Entre sus tareas se incluyen la revisión técnica de unidades, controles de seguridad, y evaluaciones a conductores como test de alcoholemia, consumo de sustancias y otros chequeos previos a los viajes.
De acuerdo al planteo sindical, la eventual intervención de Gendarmería limitaría los controles a rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando sin cobertura espacios clave como terminales y rutas provinciales, lo que reduciría las posibilidades de prevención de accidentes.
Por otra parte, ATE sostuvo que el cierre de FATE respondería a una decisión comercial que podría perjudicar a 920 familias. En esa línea, cuestionaron la política de apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, al considerar que impacta de forma directa en la industria nacional y en la seguridad del transporte.
El conflicto continúa sin avances concretos, mientras crece la preocupación en el sector por el impacto que podría tener en la logística y en la seguridad de millones de pasajeros en todo el país.
