Desde este jueves dejó de regir el arancel a la importación de teléfonos celulares, pero el impacto real dista mucho de lo prometido. En la Argentina, los precios seguirán siendo hasta el doble que en Estados Unidos y más de un 60 por ciento superiores a los de Chile, mientras que en paralelo la medida abre un frente crítico en Tierra del Fuego, donde entre 2.000 y 2.500 empleos industriales quedan en riesgo.
La expectativa de una baja inmediata en las góndolas se diluyó rápidamente. Importadores y cadenas especializadas ya habían incorporado la quita del arancel en los precios de lanzamiento, sobre todo en los modelos de alta gama. A eso se suman impuestos internos, costos logísticos, financiamiento y la incidencia del tipo de cambio, factores que continúan presionando al alza los valores finales.
Desde MacStation, distribuidor oficial de Apple en la Argentina, aseguraron que no habrá modificaciones en el corto plazo. “La quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y de toda la línea disponible”, indicaron. En la misma línea, afirmaron que “no resulta necesario aplicar reducciones adicionales, porque el ajuste ya se realizó para acercar los valores a un nivel más competitivo”.
Referentes del sector comercial coinciden en que el efecto es acotado para el consumidor individual. Desde Maximstore señalaron que la medida impacta más en el segmento corporativo que en las compras personales. “En el cliente individual no influye tanto; sí en empresas”, explicaron. También remarcaron que la fuerte demanda del iPhone 17 y la escasa oferta global condicionaron cualquier posibilidad de baja. “En algunas categorías nos adelantamos a las reducciones porque sabemos que el costo de reposición será menor”, agregaron.
La comparación regional deja expuesta la brecha. Un iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta en la Argentina unos 2.229 dólares, cerca de 3,3 millones de pesos. En Chile, el mismo equipo se vende a 1.757 dólares, alrededor de 2,6 millones. El Samsung Galaxy S25 FE se ofrece en el mercado local a 1.216 dólares, unos 1.799.999 pesos, mientras que en Chile baja a 736,92 dólares. Incluso en la gama media, el Motorola Moto G35 5G de 256 GB cuesta en la Argentina 399.999 pesos y en Chile unos 256 dólares.
Pero el debate no se limita al precio. Con la publicación del Decreto 333 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el “arancel cero” para la telefonía móvil y encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego. Según estimaciones del gobierno provincial y de cámaras industriales, el impacto inmediato pone en riesgo entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo del sector electrónico, que concentra el 83 por ciento del empleo fabril de la provincia.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue contundente y recordó el antecedente de 2017, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se eliminaron los aranceles para notebooks y tablets. “Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”, advirtió. En aquel momento, la producción local se desmanteló y la rebaja prometida nunca llegó al consumidor.
Desde los municipios fueguinos señalan que el impacto trasciende las plantas industriales. Cada puesto fabril que se pierde repercute de manera directa en el comercio, el transporte, la logística y la gastronomía, en una economía sostenida en gran parte por el salario industrial. Con productos terminados del exterior ingresando sin arancel, crece el temor a que las empresas abandonen el ensamblado local y migren a un esquema puramente importador.
Así, mientras los precios siguen altos, la eliminación de aranceles suma un nuevo capítulo de tensión social y productiva. Para el consumidor, el beneficio no aparece. Para la industria nacional, el riesgo es concreto.
