El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel explicó por qué, según su análisis, el proyecto de reforma laboral debería tener como Cámara de Origen a Diputados. El punto central es la incorporación de un capítulo fiscal que, a su entender, modifica cargas impositivas y genera efectos diferenciales entre contribuyentes.
Michel recordó que el artículo 52 de la Constitución Nacional establece que a la Cámara de Diputados le corresponde “exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”. Aun así, mencionó que los dictámenes históricos de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado permitieron que esa Cámara trate proyectos con contenido tributario, pero bajo una condición estricta: que no generen nuevas cargas impositivas directas ni indirectas.
El legislador citó dos precedentes: el Orden del Día 98 del 18 de agosto de 1985 y el Orden del Día 176 del 5 de mayo de 1999, donde el Senado dejó en claro que sólo puede tratar proyectos fiscales si no implican cargas nuevas para otros contribuyentes.
Según Michel, el Título XXIV del proyecto oficial, referido a modificaciones impositivas, respeta ese criterio salvo por el artículo 186. Ese artículo sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025 se actualizarán por el IPC del INDEC, dejando sin efecto lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de la misma ley.
En la práctica, explicó, esto provoca un beneficio vinculado al ajuste por inflación exclusivamente para contribuyentes que inicien ejercicios desde esa fecha y una carga fiscal adicional indirecta para otros, debido a los ajustes previstos en el segundo párrafo del artículo 93, como:
• actualización de costos de bienes muebles (artículo 62)
• inmuebles (artículo 63)
• enajenación de acciones (artículo 98)
• transferencia de derechos sobre inmuebles (artículo 99)
Michel también advirtió que el mecanismo genera una situación “abiertamente inequitativa” entre empresas según la fecha de inicio y cierre de ejercicio. Una compañía cuyo ejercicio comenzó el 1 de diciembre de 2024 y finaliza el 30 de noviembre de 2025 no podrá actualizar sus quebrantos, mientras que otra con idéntica pérdida pero con un cierre posterior sí podrá hacerlo.
El diputado sostuvo que el propio proyecto reconoce que no actualizar quebrantos distorsiona la determinación del impuesto, pero la solución que propone se aplica sólo hacia adelante, dejando sin respuesta a las empresas que arrastran pérdidas de ejercicios anteriores y que incluso hoy litigan por esa situación.
“En definitiva, el artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley”, sintetizó Michel.
Por esa razón, concluyó, la iniciativa debe tener origen en la Cámara de Diputados.
