Los cinco acusados quedaron detenidos por integrar una organización narcocriminal transnacional. En la última maniobra, una aeronave proveniente de Bolivia se estrelló en una zona rural de Rosario de la Frontera con 364 kilos de cocaína, parte de los cuales fueron enterrados a unos 70 kilómetros del lugar del accidente.
El episodio ocurrió el miércoles pasado, cuando la avioneta impactó contra un auto y una arboleda. Según informaron fuentes judiciales, parte de la droga quedó dentro del avión, pero más de 200 kilos habían sido ocultados bajo tierra.
Al día siguiente, el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano encabezaron las tareas investigativas junto a personal de la Policía de Salta, la PSA y Gendarmería Nacional. Durante las primeras horas del operativo, uno de los implicados, identificado como Mansilla, intentó presentarse en la comisaría de Antillas para denunciar falsamente el robo de su vehículo, que coincidía con el auto encontrado incendiado junto a la avioneta.
Esa versión fue rápidamente desestimada, ya que tanto Mansilla como Gómez y Cuellar estaban siendo investigados como miembros de una organización que operaba con autos y camionetas en la zona. La policía halló en el lugar una cédula a nombre de Mansilla, lo que motivó su inmediata detención.
Poco después, Gómez fue arrestado en el puesto de control de El Durazno, sobre la Ruta 34. Gracias a los datos aportados por ambos, se descubrieron otros 228 kilos de cocaína enterrados en un campo rural, a unos 70 kilómetros del sitio del siniestro.
Los dos pilotos, identificados como Quintero Peredo y Mercado Cuajera, fueron capturados en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, cuando intentaron comprar una bebida energizante y pagar en dólares. Presentaban lesiones en los brazos, compatibles con el accidente aéreo. La última detención, la de Cuellar, se concretó en una vivienda de Antillas.
De acuerdo a la investigación, los pilotos eran los encargados de ingresar la droga desde Bolivia, mientras que Mansilla, Gómez y Cuellar conformaban el brazo logístico que recibía la carga en tierra. En la pista clandestina habían colocado una lona para señalar el punto de aterrizaje, pero la maniobra falló y la aeronave terminó estrellándose.
Los fiscales Villalba, Gamba Cremaschi y Altamirano remarcaron la peligrosidad de la organización y pidieron la prisión preventiva de todos los acusados, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa. La jueza interviniente coincidió con el planteo y ordenó la prisión preventiva para los cinco imputados.
Tras la audiencia, Villalba destacó “la labor impecable” de las tres fuerzas que participaron del operativo y subrayó la transparencia del sistema acusatorio, que permite un seguimiento público de las actuaciones.
