La presentación judicial los acusa de participar en un esquema con laboratorios y una droguería que desviaba fondos públicos. El retorno habría alcanzado los u$s 800.000 por mes.
En las últimas horas ingresó a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por corrupción que involucra al presidente Javier Milei, a la secretaria general de Presidencia Karina Milei, al funcionario Eduardo “Lule” Menem y al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
Según la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón, todos ellos habrían participado junto al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, en un esquema de cobro y pago de coimas vinculadas a la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos.
La denuncia los acusa por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, desvío de fondos, asociación ilícita e infracción a la Ley de Ética Pública.
En el escrito, Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos de los fondos desviados, mientras que Menem y Spagnuolo habrían actuado como operadores e intermediarios del esquema. La droguería, en tanto, funcionaba como canal de cobro y distribución de las coimas, que según la denuncia ascendían al 3% de los contratos y representarían cerca de u$s 800.000 por mes.
Dalbón remarcó que la participación de la ANDIS “agrava la situación por tratarse de la columna vertebral de la política de discapacidad en el país”, en momentos en que el Congreso intenta revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El abogado advirtió que el desvío de fondos impacta en los sectores más vulnerables: “Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos de rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas o medicamentos imprescindibles para miles de familias”.
En otro tramo, la presentación subraya que “la salud pública fue convertida en una moneda de cambio: las decisiones sobre qué medicamentos comprar y a qué empresas adjudicar dependían de pagos ilegales antes que de criterios médicos o sociales”.
“Nos encontramos frente a una maniobra fraudulenta de una enorme magnitud, que involucra a la familia presidencial, a altos funcionarios del gobierno y a una de las droguerías más poderosas del país”, concluye el escrito presentado en Comodoro Py.
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Fuente: C5N
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