Crímenes cometidos durante un operativo ilegal en 1978
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión perpetua para Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y para Juan Humberto Keller, exagente de la Comisaría 1ª de Berazategui, por delitos cometidos el 22 de abril de 1978 en Rafael Calzada.
Durante un procedimiento ilegal sin orden judicial, fue asesinado Horacio Wenceslao Orué. Además, su medio hermano, su tía y sus dos primos menores de edad fueron secuestrados, trasladados y sometidos a tormentos.
Rol estratégico de Jaime Smart en el aparato represivo
Según el juez Alejandro Slokar, Smart fue una pieza clave en el funcionamiento del “Circuito Camps”, red de centros clandestinos de detención bajo control de la Policía bonaerense. Como funcionario civil, habría dado soporte político y administrativo al accionar represivo.
“Su intervención fue determinante en el sostenimiento del plan sistemático de represión”, sostuvo Slokar, quien remarcó el control de Smart sobre los recursos humanos y materiales del gobierno provincial en plena dictadura.
El operativo: asesinatos, secuestros y torturas
La vivienda de Orué, ubicada en Marcos Avellaneda 3239, fue rodeada por fuerzas policiales armadas con fusiles y granadas. Tras asesinarlo, secuestraron a Marcelina Juani y a sus hijos Marcelo (14) y Ariel Juani (9), a quienes sometieron a interrogatorios bajo tortura.
Los agentes también robaron bienes personales, ejecutaron al perro guardián de la familia y uno de ellos —Keller— se apropió de un perro salchicha, que luego devolvió. El cuerpo de Orué fue enterrado como NN en el cementerio de Rafael Calzada, en un intento de ocultar el crimen.
Rechazo a la defensa y condenas confirmadas
Los jueces Ledesma y Slokar rechazaron los recursos de la defensa. Solo el camarista Guillermo Yacobucci votó parcialmente a favor de Smart, aunque también sostuvo la condena a Keller.
Se descartó el argumento de que el procedimiento tuviera legalidad por estar vinculado a una causa judicial sobre un vehículo robado. La sentencia enfatiza que se trató de un operativo parte del plan criminal estatal, con pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal de ambos acusados.
Preservación de pruebas y advertencia internacional
La Cámara exhortó al tribunal oral a garantizar la digitalización y resguardo de todas las pruebas del caso, en línea con recomendaciones de la ONU y la CIDH. El juez Slokar citó al funcionario de la ONU Jan Jarab, quien advirtió que los recortes presupuestarios no deben afectar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
También se remarcó la metodología sistemática del régimen militar para destruir pruebas, ocultar cuerpos y garantizar la impunidad, por lo cual el fallo subraya el deber del Estado de preservar los elementos clave para la verdad, justicia y memoria.
