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El Gobierno lanzó un plan en dos etapas para el blanqueo de dólares no declarados: promesa de menor presión fiscal y mayor formalidad

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En una jugada de alto impacto económico y simbólico, el Gobierno Nacional presentó este jueves el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa destinada a facilitar la incorporación de dólares no declarados a la economía formal.

La medida, que fue anunciada en Casa Rosada mediante una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, se ejecutará en dos etapas: una inmediata a través de un decreto presidencial, y otra posterior mediante una ley a tratar en el Congreso.

“Un paso indispensable es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad”, expresó Adorni, al abrir la exposición ante los medios acreditados.

Un régimen para “los que se refugiaron” del sistema

Según detallaron los funcionarios, el nuevo régimen se apoya en un cambio de paradigma. Lejos de criminalizar a quienes operaron por fuera del sistema formal, el oficialismo plantea una política de puertas abiertas para su retorno, prometiendo protección legal y eliminación de regulaciones que, hasta ahora, eran vistas como punitivas.luis caputo

Caputo fue enfático:

“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que los que se tuvieron que refugiar en el mercado informal son delincuentes”.

Y agregó:

“La informalidad se da por el exceso de impuestos y de controles. Es un cambio estructural que busca dejar atrás un modelo que asumía que el 99% de los argentinos eran criminales”.

En ese sentido, el ministro explicó que el decreto que firmará el Presidente en las próximas horas será acompañado por una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), que adaptará sus normativas. La segunda etapa será una ley que blindará jurídicamente a los ahorristas, brindándoles garantías frente a eventuales cambios en futuras administraciones.

Remonetización de la economía y expectativa de crecimiento

Uno de los ejes del plan es la remonetización de la economía, que, según Caputo, ya se encuentra en marcha gracias a una macroeconomía “más ordenada”:

“Pasamos de un esquema donde los pesos sobraban a uno donde faltan. Necesitamos más dinero en la economía, ya sea en pesos o en dólares. Hasta resulta más natural que la remonetización se produzca en dólares, que hay entre 5 y 10 veces más que pesos”.

El titular del Palacio de Hacienda estimó que, si se consolida el cambio de régimen y se fomenta la formalización, la economía podría crecer entre un 6 y 8% anual. En ese escenario, el Estado proyecta devolver al sector privado entre 420.000 y 550.000 millones de dólares en reducción de impuestos, fortaleciendo su competitividad.

Un nuevo trato fiscal: menos controles y mayor privacidad

Por su parte, Juan Alberto Pazo fue el encargado de detallar los aspectos técnicos de la reforma fiscal y regulatoria impulsada por ARCA. En una presentación clara, anunció la eliminación de una batería de controles y regímenes de información, que hasta ahora obligaban a comerciantes, bancos, profesionales y hasta escribanos a reportar movimientos de los ciudadanos.

Entre las principales medidas se destacan:

  • Derogación de regímenes informativos de consumo: ya no se informarán compras con tarjeta de crédito, débito ni billeteras virtuales.

  • Eliminación de cruces informáticos: los escribanos no deberán reportar operaciones notariales, y tampoco se exigirá información sobre compraventa de vehículos usados o pago de expensas.

  • Eliminación del código de oferta de transferencia inmobiliaria (COTI): no será obligatorio reportar la puesta en venta de una propiedad.

  • Fin del régimen de consumo de servicios públicos: empresas de electricidad, agua y gas no deberán reportar los consumos de los ciudadanos.

  • Bancos sin obligación de exigir declaración jurada de impuestos nacionales: los usuarios podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor si se les exige.

Nuevos umbrales para operaciones reportables

Además, ARCA elevó significativamente los montos mínimos a partir de los cuales las operaciones deben ser reportadas, tanto para personas físicas como jurídicas. Según explicó Pazo:

  • Transferencias y acreditaciones bancarias: el mínimo pasa de $1 millón a $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

  • Extracciones en efectivo: solo se reportarán desde $10 millones.

  • Saldos bancarios: ahora se informan desde $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

  • Plazos fijos: se eleva el umbral a $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

  • Operaciones en billeteras virtuales: solo desde $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

  • Tenencias en sociedades de bolsa: el umbral es de $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

  • Compras de consumidor final: se eleva el límite de identificación a $10 millones. Anteriormente, se reportaban operaciones en efectivo desde $250.000 y con tarjeta desde $400.000.

La lógica del incentivo, no del castigo

Pazo subrayó que el nuevo enfoque deja atrás el paradigma de control invasivo para pasar a una lógica de incentivo positivo, donde el Estado reduce su intromisión y premia la formalización:

“Vamos a derogar los mecanismos de información que obligaban a comerciantes y profesionales a reportar operaciones. Queremos que la formalidad sea una decisión lógica y atractiva, no una imposición coercitiva”.

En sintonía, Caputo remató su intervención destacando que se trata de un cambio que apunta a una economía más simple, con menos presión tributaria, y con mayores oportunidades de inversión y crecimiento:

“Vamos a tener mayor formalidad, más empleo y acceso a mejores productos a mejores precios. Este régimen no es para premiar a quienes evadieron, sino para que los que cumplen vean una baja real en los impuestos”.


La medida fue recibida con cautela por economistas y analistas, que señalan tanto su potencial estabilizador como los riesgos en materia de transparencia fiscal y lavado de activos. En los próximos días, se espera la publicación del decreto en el Boletín Oficial y el ingreso del proyecto de ley en el Congreso, donde se anticipa un fuerte debate político y técnico.

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