La policía mexicana arrestó a una jueza jubilada acusada de manipular pruebas relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, ocurrida hace más de una década.
Lambertina Galeana Marín fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en 2014.
La mujer, de 79 años, está sospechada de haber ordenado la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad que, según los investigadores, eran clave para esclarecer el caso.
El arresto se produjo en la ciudad de Chilpancingo, tres años después de que se emitiera una orden de captura en su contra.
La desaparición de los 43 estudiantes, quienes cursaban en la misma escuela de formación docente en Ayotzinapa, es un hecho que aún conmueve y mantiene la exigencia de justicia en México.
A más de diez años, y a pesar de múltiples investigaciones, sigue sin saberse con certeza qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sólo se encontraron los restos de tres estudiantes, mientras que los otros 40 continúan desaparecidos, aunque se presume que fueron asesinados.
Un informe oficial de 2022, elaborado por una comisión de la verdad designada por el gobierno mexicano, concluyó que se trató de un crimen de Estado, con participación de autoridades federales y estatales.
Según ese informe, la policía local colaboró con un grupo criminal para ejecutar la desaparición forzada de los jóvenes.
Los estudiantes se habían trasladado a Iguala para secuestrar colectivos y asistir a una protesta anual en la Ciudad de México.
El gobierno mexicano indicó que tanto la policía como la banda local Guerreros Unidos habían sido alertados sobre la presencia y movimientos de los estudiantes.
Guerreros Unidos sospechaba que los jóvenes habían sido infiltrados por miembros de una banda rival, Los Rojos, según el reporte.
La policía y Guerreros Unidos montaron varios controles en y alrededor de la ciudad.
Uno de esos retenes, custodiado por policías locales, estatales y federales, se ubicaba frente al Palacio de Justicia.
Dos empleados del Palacio declararon que las cámaras de seguridad del edificio captaron lo ocurrido en ese puesto de control.
Sin embargo, las imágenes nunca fueron entregadas a las autoridades y cuando intentaron recuperarlas casi un año después, las grabaciones habían “desaparecido”, según informaron los investigadores en 2015.
La fiscalía acusa ahora a Galeana de haber ordenado la destrucción o eliminación de esas pruebas.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad de México informó que Galeana será procesada por el delito de desaparición forzada.
